EDITORIAL:-

Con el paso del proyecto de Ley de Lavados  de Activos y Financiamiento al Terrorismo a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, con el plazo fijo de una semana para emitir las recomendaciones y modificaciones que a dicho proyecto se estimen pertinentes, muchos sectores insisten en que  la pieza en cuestión debería vigorizar las regulaciones a las bancas de apuestas.

Y resulta positivo que la Federación Nacional de Bancas de Loterías de la República Dominicana (FENABANCA) haya emitido una declaración pública en la que establece una postura clarificadora, afirmando  que no están particularmente interesadas en ser excluidas  o no del nuevo marco legal que sustituirá a la Ley 72-02.

Es importante esa voluntad de  someterse a mayor escrutinio por parte del Estado, mostrada por  las bancas nacionales,  pues es una vía por la cual dinero obtenido de transacciones ilícitas podría escabullirse para entrar al sistema financiero dominicano, enraizando un círculo vicioso letal, que como en el caso del narcotráfico y la corrupción administrativa, corroen la médula social.

El reconocimiento de Fenabanca y de otras instituciones oficiales, sobre los miles de establecimientos de apuestas y loterías no registrados, que operan ilegalmente  en el país, es un llamado de alerta en torno al posible  movimiento subterráneo de cuantiosos recursos económicos  que en muchísimos  casos tienen orígenes oscuros, pero utilizan esos negocios  para blanquearse y aparentar  procedencia lícita.

Antes de someterse a votación final  en la Cámara de Diputados, la pieza, que ya fue aprobada en el Senado  debería recoger las inquietudes en torno a las Bancas de Apuestas y adoptar la mejor decisión, a pesar de los evidentes y  poderosos intereses que todos sabemos  se mueven tras bastidores.