EDITORIAL:_
 
A ningún habitante de esta tierra, que haya sufrido las consecuencias de los interminables apagones que todavía azotan sin piedad a la media isla, puede interesarle que la Central Termoeléctrica Punta Catalina resulte un fiasco económico mayúsculo, luego de invertirle US$2,372.9, millones, con la intención de que la cantidad de megavatios  provenientes de esas unidades coadyuven a resolver esa  pesadilla nacional.
 
Con la Central inaugurada, el deseo extendido en la población será que en el menor tiempo posible Punta Catalina pueda alcanzar la generación programada, supliendo el 35% de la demanda eléctrica total prevista por el gobierno, además  de impulsar la esperada reducción en el costo de las facturas que por ese concepto pagamos los dominicanos.
 
En otras palabras, si Punta Catalina proporciona finalmente una solución a los asfixiantes apagones, al costo exorbitante de los recibos eléctricos y al mismo tiempo proporcionará un retorno económico sustancial al Estado para compensar la millonaria inversión en la mega obra, como ha asegurado el ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, entonces no entendemos la prisa por vender el 50% de las acciones, manifestada por dicho funcionario.
 
Pero más desconcertante aún resulta, que mientras se habla de los beneficios resultantes de la reducción en el costo de generación promedio y del  gran  ahorro del Estado en tanto no tendría que hacer millonarias transferencias al deficitario  sector, por el otro lado se anuncia la contratación de una firma privada en Nueva York que tiene a su cargo la licitación internacional para recibir las ofertas de compra en un plazo de entre 60 a 90 días.
 
Es entonces inevitable, que ante tal desesperación, la ciudadanía comience a preguntarse sobre cuales intereses ocultos subyacen en las altas esferas del poder para proponerse vender al vapor el 50% de las acciones de Punta Catalina, cuando los voceros del proyecto defienden y pregonan la bonanza de la inversión y el posible retorno.¿ Cuál es el temor a consultar a la población sobre si  desea o no, vender la mitad de un patrimonio del pueblo?.
 
 

EDITORIAL:_

SANTO DOMINGO, RD.- El gasto  de centenares de  millones de pesos anunciado por el Gobierno en la compra de electrodomésticos, artículos ferreteros y productos alimenticios con la finalidad de multiplicar las "ayudas sociales", debería ser  suspendido , como sugirió la Junta Central Electoral (JCE), porque independientemente de las intenciones del presidente Danilo Medina, el contexto en el cual se realiza esas donaciones implican un matíz político inapropiado.

En medio de una reñida campaña electoral, donde algunos de los candidatos promovidos por el partido oficial están compitiendo contra  otros aspirantes municipales, congresionales y presidenciales opositores, resulta inoportuno destinar recursos millonarios para ofrecer asistencia a ciudadanos necesitados, que pudo muy bien hacerse antes o incluso realizarse  después de transcurridas las elecciones.
 
Paralizar las ayudas sociales no imprescindibles en tiempos electorales daría una muestra de equidad, además de que los textos normativos establecen que aquellos planes verdaderamente necesarios a la población son los únicos que deben implementarse, rechazando de plano la utilización de recursos estatales para favorecer al partido en el poder.
 
No es secreto que tradicionalmente los gobiernos dominicanos han aprovechado el presupuesto nacional en momentos electorales para comprar voluntades políticas que puedan coadbyubar a obtener mayor respaldo de segmentos poblacionales muy pobres, dirigiendo esa vulnerabilidad hacia  aquellos candidatos alineados con el poder, pues la ayuda ofertada va acompañada de la exigencia de votar por los gobiernistas.
 
Los dineros del Estado no son propiedad de ningún político en particular, Esos recursos provienen de los impuestos que todos los ciudadanos aportamos para solucionar problemas nacionales, resultando entonces  improcedente y poco ético, utilizarlos en provecho de una facción política determinada, cualesquiera que sean las excusas esgrimidas o los beneficios electorales buscados.
 
 
EDITORIAL:_
 
Al admitir el laberinto interminable que constituyen los procesos judiciales en el país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia(SCJ), Luís Henry Molina, hace una pública confesión de "Mea Culpa' o reconocimiento del desorden que agobia a un sistema judicial repleto de limitaciones y necesitado de cambios perentorios.
 
Una Justicia tardía es injusticia y los dominicanos que por cualquier motivo deben acceder a una instancia judicial, saben por experiencia, pues han vivido en carne propia los retrasos, reenvíos, pérdidas de expedientes, desinformación, corrupción y la extendida cultura mafiosa, que corroe las entrañas de esas estructuras caóticas y deprimentes llamadas tribunales.
 
Es tan compleja la maraña judicial dominicana, que el mismo presidente de la Suprema, al momento de  realizar su argumentación en torno a la demoras procesales,  informó que esa alta corte acumula la asombrosa cantidad de 18,357 casos en espera de resolución, y dijo además que hay tribunales con procesos estancados, sin sentencias, desde el siglo pasado, lo cual debería provocar airadas reacciones ciudadanas.
 
La población no puede continuar aceptando y resignada la existencia de un poder judicial en completa desorganización, donde los ciudadanos en sentido general y especialmente los dominicanos vulnerables, no pueden acudir  a buscar solución a sus requerimientos legales sin hallarse en el centro de  oscuras telarañas de confusiones y retrancas.
 
Ojalá que el reconocimiento de la culpa propia del máximo representante judicial, en cuanto a  la responsabilidad que poseen los integrantes de esa rama  en la torre de babel que constituyen hoy las cortes nacionales, no se reduzca a las lamentaciones acomodaticias del momento para luego relegarlas  al zafacón del olvido, sino un punto de partida para enfrentar de raíz los males que mantienen a los dominicanos en una perenne e irritante denegación de justicia.
 
EDITORIAL:-
 
Al designar mediante el decreto 497-19 el año que recién empieza como de la Seguridad Alimentaria de los dominicanos, el presidente Danilo Medina asume en su condición de jefe de Estado, una misión encomiable, buscando legados para la historia, al finalizar su mandato, pero plagada de cuestas muy empinadas.
 
La posibilidad de que cada hogar dominicano disponga de manera consistente de alimentos en cantidad y calidad suficientes para suplir su dietas diaria en función de sus necesidades específicas, atraviesa por senderos previos que al momento no reúnen las condiciones  multifactoriales necesarias para alcanzar ese preciado objetivo.
 
Aunque el decreto de marras, habla de la "consolidación"del mencionado propósito, a nuestro entender es preciso resolver situaciones indispensables que influyen directamente en la producción y accesibilidad de los alimentos a los ciudadanos:el abastecimiento permanente de agua, la existencia de tierras fértiles  y planes efectivos de distribución y costos  que puedan de manera combinada con otros componentes, lograr la existencia suficientes de alimentos  a precios accesibles para toda la población.
 
Nuestros ríos están secos, los bosques deforestados, las tierras cultivables disminuyen, dedicadas cada día a otras cosas quizás más rentables, los agricultores y ganaderos afectados por las fluctuaciones de precios y pérdidas ocasionadas por los cambios climáticos, sin acceso a financiamientos con bajo intereses, cada vez más abandonan la ganadería y el cultivo en los  campos para irse a  las ciudades, mientras extranjeros realizan esas  labores y así sucesivamente...
 
Obtener la seguridad alimentaria mientras tenemos carencia de agua, montañas deforestadas, suelos degradados, deficientes sistema de distribución, poco apoyo gubernamental y sobre todo en una sociedad donde la mayoría no tiene los recursos económicos para comprar alimentos, porque el Estado ha ido perdiendo poder hasta de equilibrar el mercado, no pasa de ser una postura de buenas intenciones, pero difícil de materializar.
EDITORIAL:
 
Cual  lluvia refrescante a una sociedad agobiada por las cotidianidad de interminables noticias adversas, llega la magnífica información de que la matrícula de las universidades dominicanas ha crecido un 22% desde el 2010 a la fecha, según publica la Organización de Estados  Iberoamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
 
Es además en extremo alentador y regocijante para el  país, el hallazgo del "Diagnóstico de la Educación Superior 2019" que evidencia la creciente participación femenina en las academias universitarias nacionales, otorgándole lugares cimeros (65.78%) con respecto a otras naciones como Cuba (62.37), Argentina(61.69) y Panamá (60.46%), expresando de esa forma el esfuerzo por avanzar de las mujeres dominicanas.
 
Existen sin embargo, aspecto críticos  relevantes del informe que constituyen referentes a tomar en consideración a la hora de analizar las iniciativas que a la luz de nuestra realidad motoricen cambios  cualitativos en la educación superior impartidas actualmente en las aulas universitarias.
 
Es un excelente primer paso el interés por continuar ingresando a las universidades que muestran los estudiantes, lo cual debe transformarse en motivación y orientación  hacia carreras universitarias que coadyuven a una rápida integración laboral de los graduandos, pero al mismo tiempo, sean parte de un plan integral que fomente nuevos profesionales en las áreas perentorias, para seguir avanzando.
 
Para eso, es imprescindible que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) en representación del Estado, impulse proyectos y políticas de enseñanzas y aprendizajes  que se  puedan  articular o paulatinamente al plan maestro de desarrollo nacional, logrando que las presentes generaciones de estudiantes universitarios prosigan paso a paso abonando el sendero hacia el engrandecimiento de la patria.
 
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